La autoridad pedagógica como garantía de convivencia

 

Quien observa con cierta atención la vida cotidiana de un instituto sabe que la tarea de enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino también en crear las condiciones necesarias para que esos conocimientos puedan ser comprendidos, discutidos y, en última instancia, incorporados por los alumnos. Y esas condiciones, que dependen en gran medida del clima de respeto y atención que se construye dentro del aula, están estrechamente vinculadas a una cuestión que, pese a haber generado no pocos debates en las últimas décadas, continúa siendo esencial: la autoridad del profesor.

Durante años, en determinados discursos pedagógicos se ha tendido a mirar con recelo el propio concepto de autoridad, quizá porque se ha confundido con formas de autoritarismo que pertenecen a modelos educativos ya superados. Sin embargo, cuando se observa la realidad concreta de los centros educativos, resulta evidente que, si el profesorado no dispone de un marco claro que respalde su función, la tarea de enseñar se vuelve extraordinariamente compleja. No tanto porque el alumnado sea necesariamente conflictivo, sino porque cualquier espacio colectivo en el que conviven decenas de jóvenes requiere normas compartidas que permitan que la actividad común se desarrolle con normalidad.

En este contexto, el decreto de convivencia aprobado recientemente en La Rioja introduce un marco normativo que pretende articular, no sin dificultad, dos principios que a menudo se presentan como contrapuestos, aunque en realidad deberían entenderse como complementarios: la promoción del diálogo educativo y el reconocimiento de la autoridad docente. La norma, que apuesta por la mediación, la prevención de conflictos y la educación en valores como pilares fundamentales de la convivencia escolar, parte al mismo tiempo de la premisa de que el profesorado necesita respaldo institucional cuando debe intervenir ante situaciones que alteran el funcionamiento ordinario del aula.

Conviene recordar, en este sentido, que la convivencia escolar no se ve afectada únicamente por episodios graves de indisciplina, que afortunadamente son relativamente infrecuentes, sino también por una multitud de pequeños comportamientos cotidianos que, si no se corrigen a tiempo, pueden erosionar progresivamente el clima de aprendizaje. Cuando las conversaciones paralelas se multiplican mientras el profesor explica, cuando la atención se dispersa entre pantallas y distracciones o cuando determinadas actitudes impiden que el grupo mantenga la concentración necesaria, el problema deja de ser meramente disciplinario para convertirse en una cuestión profundamente pedagógica.

De ahí que la autoridad del profesor no deba interpretarse como un privilegio corporativo ni como una prerrogativa destinada a reforzar jerarquías formales, sino como una condición imprescindible para garantizar el derecho de todos los estudiantes a aprender en un entorno que favorezca la atención, el esfuerzo y el respeto mutuo. Si el docente carece de legitimidad para intervenir cuando una conducta perjudica al conjunto del grupo, resulta difícil sostener un espacio educativo donde el aprendizaje pueda desarrollarse con la continuidad y la profundidad que requiere.

 

Ahora bien, reconocer la importancia de la autoridad docente no implica, ni debería implicar, un retorno a modelos educativos basados exclusivamente en la sanción o la imposición. La autoridad pedagógica, que se construye de manera progresiva a partir de la coherencia, la competencia profesional y la capacidad de establecer normas claras que el alumnado perciba como razonables, solo adquiere verdadero sentido cuando se ejerce desde el respeto y la responsabilidad compartida.

En ese sentido, el nuevo marco de convivencia que se impulsa en La Rioja pretende avanzar hacia un modelo en el que la gestión de los conflictos no se limite a una lógica punitiva, sino que incorpore mecanismos de mediación y reparación que permitan transformar los problemas en oportunidades educativas. Sin embargo, para que ese enfoque resulte efectivo, es necesario que la figura del profesor mantenga la legitimidad necesaria para orientar, corregir y, cuando sea preciso, establecer límites.

Porque, aunque las normas puedan contribuir a ordenar la vida escolar, ninguna regulación jurídica puede sustituir el reconocimiento social que requiere el trabajo docente. La escuela, que inevitablemente refleja las tensiones y transformaciones de la sociedad en la que se inserta, necesita que el papel del profesor sea comprendido y valorado no solo dentro de los centros educativos, sino también en el conjunto de la comunidad.

Quizá por ello convenga recordar una idea que durante mucho tiempo formó parte del sentido común educativo y que hoy merece ser reconsiderada con serenidad: que el respeto hacia quien enseña no constituye una forma de sumisión, sino una condición necesaria para que la libertad intelectual y el aprendizaje puedan desarrollarse plenamente.

Porque, en última instancia, la autoridad del profesor no tiene como finalidad imponer disciplina, sino hacer posible aquello que da sentido a la escuela: que los alumnos puedan aprender en un entorno donde el conocimiento, el respeto y la convivencia se refuercen mutuamente.